Como ya hemos comentado en algunos artículos de este blog, el sector inmobiliario español está regulado por una amplia gama de leyes, reglamentos y disposiciones que cubren todos los aspectos de la actividad, desde los contratos de alquiler hasta la protección de los consumidores y la transparencia en las transacciones.

En este artículo nos centraremos en una de las leyes fundamentales de la valoración inmobiliaria: la Orden ECO/805/2003. Esta norma es la auténtica clave de bóveda que permite un adecuado funcionamiento del sector al establecer la base de las normas de valoración de bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas finalidades financieras:

• Establece los requisitos y procedimientos que deben seguir los tasadores a la hora de valorar bienes inmuebles y derechos para determinadas finalidades financieras, como concesión de créditos, emisión de obligaciones hipotecarias, etc.
• Establece los principios y la metodología que deben aplicar los tasadores para determinar el valor de los bienes inmuebles y derechos, con el objetivo de garantizar la objetividad y fiabilidad de las valoraciones.

En resumen, la Orden ECO/805/2003 es la norma que regula y estandariza la actividad de valoración de bienes inmuebles en España para determinados fines financieros. A continuación hablaremos sobre esos principios a los que hacíamos referencia en el párrafo anterior.